En los últimos días se aprobó el Presupuesto Nacional 2026 y, junto con él, comenzaron a delinearse algunos cambios relevantes en materia impositiva y de control fiscal. Más allá de las discusiones políticas, hay ciertos puntos concretos que impactan en la vida cotidiana de personas, comercios y contribuyentes en general, y que conviene conocer.

El presupuesto se apoya en una proyección de inflación anual cercana al 10% y en un esquema de fuerte control del gasto público. Estas estimaciones funcionan como base para definir recursos, gastos y parámetros fiscales, aunque —como suele ocurrir— no están exentas de cuestionamientos si se las compara con la dinámica real de la economía.

Uno de los aspectos más relevantes aparece en el plano tributario y sancionatorio. Se redujo el plazo de prescripción de las infracciones fiscales: la administración tributaria pasa a tener tres años, en lugar de cinco, para reclamar por incumplimientos. Esto puede interpretarse como un límite temporal más acotado para las acciones del fisco, pero también implica una mayor concentración de controles en plazos más breves.

Al mismo tiempo, se endurecen las multas por presentaciones tardías y por incumplimientos formales. En términos prácticos, llegar fuera de término puede resultar más costoso que antes. El mensaje es claro: menos tolerancia a la demora y mayor énfasis en el cumplimiento estricto de plazos y obligaciones.

Otro punto a destacar es la presunción de veracidad de las declaraciones juradas, salvo que el organismo recaudador demuestre inconsistencias relevantes. Esto podría reducir fiscalizaciones arbitrarias, aunque en la práctica dependerá de cómo se aplique el criterio y de los sistemas de control que se utilicen.

En síntesis, el escenario que se configura no parece orientado a una expansión de impuestos nuevos, sino a un esquema de mayor disciplina fiscal, controles más rápidos y sanciones más severas ante errores o demoras. Para la ciudadanía en general, esto refuerza la importancia de mantenerse informada, ordenar la situación tributaria y no subestimar los aspectos formales del cumplimiento fiscal.

Como siempre, más allá de las proyecciones y de los discursos, será la aplicación concreta de estas medidas la que determine su impacto real en la economía cotidiana.