En esta semana hemos leído y escuchado distintas noticias que, puestas una al lado de la otra, revelan una misma constante: la dificultad de conectar las decisiones políticas con sus consecuencias materiales.

Por un lado aparece la queja por el mal estado de las rutas, pero a su vez se menciona el apoyo electoral a un proyecto político que plantea que desde el Estado no se va a hacer obra pública. No va a mejorar y sostener las rutas aún cuando aumenta los impuestos con tal destino por ley.
Ambos datos conviven en el mismo relato, pero no se explican entre sí.

Algo similar ocurre cuando se informa sobre el aumento de la mortalidad infantil, sin contextualizarlo dentro de los recortes en salud aplicados a nivel nacional.
Se muestra el efecto, se describe el problema, pero la causa queda fuera de cuadro.

Incluso circulan declaraciones públicas del propio Javier Milei, donde sostiene que el Estado no debe financiar determinadas prestaciones de salud, como el tratamiento de niños con cardiopatías congénitas.
Ese posicionamiento fue expresado con claridad, formó parte de una propuesta política y fue acompañado electoralmente.
Sin embargo, cuando aparecen las consecuencias, suelen presentarse como hechos aislados, desvinculados de esas definiciones previas.

Lo mismo se observa en el debate sobre el dragado de ríos. Esta semana, la joven intendenta de Arauco explicó que solicitó al Gobierno Nacional el dragado del río y no obtuvo respuesta.
En la discusión pública, muchas voces afirmaron que esa tarea no corresponde al Estado nacional.
Pero ahí, otra vez, se corta la conexión: El dragado requiere maquinaria de enorme porte, costa y capacidad diferencial, que no tiene sentido que adquieran municipios ni provincias para un uso esporádico.
Por razones técnicas y económicas, históricamente fue una función del Estado nacional, capaz de concentrar recursos y asistir cuando es necesario.
Cuando esa función se abandona, el problema aparece, pero la decisión política que lo explica no se menciona.

El cuarto ejemplo es todavía más elocuente y tiene nombre propio: Martín Menem.
Por un lado, aparece una fuerte preocupación por supuestas prácticas de extorsión en el ámbito provincial de La Rioja.
Sin embargo, queda fuera del análisis una dinámica mucho más profunda: la presión sistemática que ejerce el gobierno nacional sobre gobernadores y legisladores para garantizar sus leyes, leyes que vienen recortando recursos, aplastando derechos y anticipando una reforma laboral en el mismo sentido.

Esa presión se articula con intereses económicos concretos, expresados en reuniones con grandes grupos financieros y empresariales, como JP Morgan, donde se exigen normas orientadas a maximizar ganancias que se llevarán de la explotación de los recursos del país.
Empresarios que, además, ya cuentan con un marco legal ampliamente favorable como el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: exenciones impositivas, beneficios cambiarios y estabilidad fiscal para grandes corporaciones), que hasta el momento no ha demostrado en ninguna provincia del país ningún resultado positivo.
Dos planos de análisis conviven, pero no se integran en un mismo razonamiento.

Por un lado circula la información sobre lo que sucede: rutas deterioradas, ríos sin dragar, hospitales desfinanciados, dificultades en el acceso a la salud.
Por otro, existen decisiones políticas, discursos explícitos y marcos normativos que explican esos resultados.

Ambos planos están presentes.
Pero no se conectan.

Y cuando no hay conexión entre el voto y la realidad,
entre las decisiones y sus efectos,
se produce una fractura en la forma en que se construye y se comunica el sentido de la lógica existencial de la política.